Luego de 10 años de un proceso judicial en contra del exalcalde de Medellín y uno de los políticos uribistas más fuertes de esa región, la Corte Suprema de Justicia determinó una condena de 95 meses de prisión, pues considera incontrovertible que Ramos se alió con los hermanos Castaño y otros paramilitares para favorecerlos ante la justicia y buscar que sus propuestas quedaran consignadas en los acuerdos de Ralito a cambio de votos.
La ponencia del Magistrado Ariel Torres ratificó que Luis Alfredo Ramos trabajo varios años en asocio con grupos paramilitares y habría colocado la función pública al servicio de esos grupos en contra del interés del Estado de enfrentar la violencia que sigue azotando al departamento y a otras regiones del país.
En concreto la Corte encontró que Ramos Botero recibió dineros y respaldos políticos por parte del Bloque Metro y el Bloque Centauros de las AUC y de los hermanos Carlos y Vicente Castaño de quienes era amigo, según lo relató en un tribunal Ernesto Báez, también comandante de los grupos paramilitares.
Ramos fue condenado pues recibió esos beneficios por parte de los paramilitares porque favorecían económicamente sus campañas electorales y le aseguraban votos por lo que el político uribista se puso al servicio de esas organizaciones.
Una de las piezas claves del proceso fue una reunión que tuvo lugar en el 2005 en la finca Bellatina en Bello, Antioquia a la que asistieron Ernesto Baez, Julián Bolívar, Pablo Hernán Sierra y Luis Alfredo Ramos, reunióin que fue organizada por los hermanos Castaño y en la que expresaron las necesidades de respaldo de los paramilitares ante la justicia y un respaldo político para los diálogos de Ralito ara no terminar en la cárcel, todo ello a cambio de favores políticos y electorales para Ramos.
Aunque en un principio Ramos aseguró que participó en esa reunión por sus funciones en el congreso para la Corte es claro que había una prohibición, altamente conocida para que los jefes paramilitares se reunieran por fuera de la zona establecida para dichos diálogos.
Con esta condena se confirma que la política tradicional en Antioquia ha estado permeada por el paramilitarismo que ha favorecido los intereses de quienes han logrado hacer carrera en esa región del país.
