El abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, refutó este viernes varios intervenciones hechas por la Fiscalía y la Procuraduría a lo largo de la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento para Diego Cadena, exabogado del expresidente, y Juan José Salazar (socio de Cadena).
Tanto Cadena como Salazar están bajo investigación por una presunta compra de testigos que beneficiaría al senador Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, corporación que lo investiga por supuestos nexos con paramilitares. Según expresó Granados, en dicha diligencia, adelantada ante el Juzgado 35 Penal de control de garantías de Bogotá, se han hecho «varias manifestaciones contrarias a la verdad».
De acuerdo con el abogado, “en mi condición de defensor principal del Presidente Álvaro Uribe Vélez, me veo en la obligación de aclarar varias manifestaciones contrarias a la verdad que se han hecho en dicha diligencia por la representación de la Fiscalía y del Ministerio Público”.
Se conoció que Granados hizo un comunicado de 11 puntos a través del cual hace precisiones sobre los argumentos de la representación de la Fiscalía y el Ministerio Público. Entre los once reparos afirma que hay imprecisiones y material probatorio que no fue incluido en el expediente de la investigación en contra de Diego Cadena.
«No podemos guardar silencio cuando se están haciendo afirmaciones que no corresponden a la verdad, más cuando ello puede tener alguna incidencia en la percepción pública sobre la conducta que, con absoluta transparencia, desplegó, en estos hechos, el presidente Álvaro Uribe Vélez», se lee en el documento.
La mayoría de desaciertos en los que, según Granados, cayó la Fiscalía, tienen que ver con las pruebas que relacionan a Diego Cadena con los supuestos sobornos al exparamilitar Carlos Eduardo Vélez para que testificara supuestamente en la Corte Suprema a favor del senador Uribe.
En primer lugar, de acuerdo con el penalista, «resulta inexplicable que la Fiscalía y el Ministerio Público hayan omitido señalar que para el 15 de agosto de 2017, momento en que se aportó la primera carta suscrita por Carlos Enrique Vélez, de fecha 18 de julio de 2017, dicho testigo ya había dado, ocho meses atrás, la misma versión en diligencia de declaración bajo la gravedad del juramento que rindió, precisamente, ante el despacho del magistrado José Luis Barceló».
Granados añadió que se está sosteniendo que ese documento del 18 de julio corresponde a una versión ‘montada’ por el abogado Cadena, «cuando el mismo testigo verbalmente, con sus propias palabras y bajo la gravedad del juramento, había dicho exactamente lo mismo desde diciembre de 2016, acto en el que ninguna injerencia tuvo el abogado Diego Cadena, pues el propio Carlos Enrique Vélez ha dicho que lo vino a conocer sólo hasta el día 18 de julio de 2017».
Comunicado a la opinión pública de la defensa del señor Presidente @AlvaroUribeVel en relación con las afirmaciones de @FiscaliaCol y @PGN_COL en el marco del proceso adelantado en contra del abogado Diego Cadena. pic.twitter.com/5si19eC5Ip
— Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) August 1, 2020
Granados se refiere a los señalamientos de la Procuraduría acerca de la carta que supuestamente habría enviado él junto a Cadena el 3 de julio a la Corte Suprema a nombre del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, argumento que ambas entidades usaron en contra de Cadena. Según Granados, la misiva “fue remitida directamente por el señor Carlos Enrique Vélez como él mismo lo ha reconocido”. Como sorprendente tildó Granados los reproches hechos por la Fiscalía y el Ministerio Público a Cadena y a Salazar por cartas enviadas a la Corte Suprema con la firma de Vélez y el también condenado, Juan Guillermo Monsalve.
Además, aseguró que los hechos no sucedieron de la manera en que ambas entidades se lo expusieron al juez. De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, Diego Cadena y su socio, Juan José Salazar, habrían visitado a Monsalve para prestarle asesoría jurídica a cambio de rectificar su testimonio en contra del senador Uribe ante la Corte Suprema de Justicia.
En este sentido, Granados, a quien el propio senador Iván Cepeda ha acusado de realizar visitas a la cárcel La Picota, indicó: “Nunca presenté carta o retractación alguna suscrita por dicho testigo como, contrario a la realidad, lo dieron a entender en su intervención la Fiscalía y el Ministerio Público”. Además, señaló que fue el propio Monsalve quien, el 2 de abril de 2018, envió a la Corte Suprema la carta por medio de su esposa. Y subrayó que «dicho documento no podía generar inducción en error a nadie, pues no conllevaba ninguna retractación o cambio de versión».
Granados aclaró que envió dos cartas del exparamilitar Carlos Enrique Vélez el 15 de agosto de 2017 y 23 de Febrero de 2018 para que se anexara en el proceso que la Corte abrió contra del senador Iván Cepeda. Sin embargo, precisó que nunca se compilaron en la investigación por la fabricación de falsos testigos en contra del senador Uribe “como equivocadamente lo señalaron la Fiscalía y el Ministerio Público, pues para esas fechas dicho proceso o no existía o aún no era de mi conocimiento”.
