Suspendido el gobernador del Chocó por presuntas irregularidades en contrato de COVID-19

El gobernador de Chocó, Ariel Palacios, fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación por posibles irregularidades en materia de contratación en el marco de la pandemia por el Coronavirus en Colombia.

El mandatario departamental es cuestionado por el contrato 0198 de 2020, con la fundación Chocó Saludable por 2.091 millones de pesos con el que adelantaban jornadas de salud preventiva en comunidades vulnerables.

“Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”, comunicó la Procuraduría.

Gobernador del Chocó, Ariel Palacios / Google

De acuerdo con los primeros detalles de este caso, el millonario negocio se firmó con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el Coronavirus.

“La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el COVID-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus”, señaló el Ministerio a través de un comunicado de prensa.

La medida hace parte de un conjunto de decisiones anunciadas este viernes por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, que emprendieron acciones contra la corrupción a través de contrataciones para atender la emergencia por la COVID-19.

De hecho, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que este tipo de acciones permitió detener la suscripción de contratos que suman unos 17 mil millones de pesos.