Informe revela las impactantes cifras de masacres ejecutadas por paramilitares en Colombia

Masacres, desplazamientos, desapariciones y trabajo mancomunado entre el Estado y terratenientes, son los puntos principales del texto presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Este viernes 27 de noviembre, la Corporación Jurídica Libertad presentó ante la JEP un informe titulado ‘Paramilitarismo e Impunidad Violaciones a los Derechos Humanos en las zonas 1 y 2 del Suroeste antioqueño’. El documento expone las consecuencias que dejaron estos grupos armados en el territorio.

En el informe, la entidad narró los hechos violentos que vivieron las comunidades en esta subregión del departamento debido a la presencia de grupos paramilitares, entre los años 1985 y 2007.

Ebherar Cano, investigador de la Corporación Jurídica Libertad, aseguró que 67 masacres, que dejaron 335 muertos, y otros delitos como desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, amenazas, violencia sexual y desapariciones forzadas, que dejaron más de 153.000 víctimas.

Estos hechos fueron cometidos por grupos privados de Autodefensas, las Convivir, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el frente Cacique Pipintá, el frente Suroeste y el bloque Suroeste de las AUC.

En el informe también se expone la relación entre los grupos paramilitares, el Estado y terratenientes del suroeste antioqueño, que financiaron y apoyaron al crecimiento de estos grupos.

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“La lectura del paramilitarismo parte de las particularidades en el territorio donde las presiones de las élites locales para conservar el orden social y el clientelismo facilitaron la agrupación de estructuras de Autodefensa armadas que posteriormente, y con responsabilidades de políticos y empresarios de las esferas de la opinión pública regional y nacional, financiaron y fomentaron la incursión y consolidación de las distintas estructuras paramilitares en la subregión”, dijo el investigador.

Y señaló: “El relacionamiento entre el Estado, élites regionales, empresas, personajes de la esfera pública como la familia Uribe Vélez, Ernesto Garcés Soto y su familia, con los paramilitares y estructuras de Autodefensa, debe ser entendido como aporte de la maquinaria de muerte que ha sido silenciada en la subregión y que hasta nuestros días demuestra secuelas de dolor en el territorio”.

El documento de la Corporación Jurídica Libertad fue entregado al Sistema Integral de Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Más de 3.000 muertos dejó en Cundinamarca el paramilitarismo

El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó el informe “Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena”, que recoge 3.203 homicidios, 767 víctimas de desplazamiento y 147 desapariciones forzadas cometidas por el grupo ilegal, así como 93 testimonios de exmiembros de la organización.

Según el informe, sus primeros vestigios se vivieron a finales de la década de los 70 de la mano de Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mejicano y desde los 90 hasta su desmovilización, en 2004, las comandó Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila.

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Una de las víctimas del grupo paramilitar fue María Doris Anzola, habitante de Yacopí (Cundinamarca), quien estuvo al borde de ser asesinada por buscar el cuerpo de su hermano.

“Hace 30 años me mataron un hermano, tenía 20 añitos, me lo mataron, fue el único cadáver que se encontró en la época de 30 años, ya lo habían enterrado cuando lo encontré, el pueblo lo volví al revés con tal de encontrar a mi hermano y mostrar quiénes habían sido. Me iban a matar, me llevaron a la brigada, duré un tiempo, 6 meses en la brigada, me estaban protegiendo para que no me mataran”, expresó Anzola, durante la presentación telemática del informe.

Anzola agradeció al Centro Nacional de Memoria Histórica el tener en cuenta a las víctimas, porque siempre el centro de los procesos son los victimarios y aprovechó para preguntar al Gobierno qué pasa con las ayudas a las víctimas: “Cuáles son las ayudas del Gobierno para las víctimas de Yacopí? Esta es una región olvidada, yo no he recibido cien pesos del Gobierno, cuáles son las ayudas que dicen que hay para las víctimas”.

Para los investigadores que adelantaron el informe, el accionar paramilitar de las Autodefensas en ese departamento quebró profundamente el tejido social y dejó en el aire un ambiente de estigmatización a los liderazgos comunitarios.

“Encontramos una pérdida del liderazgo social, una pérdida de la organización social, una estigmatización de la organización social como si la organización social fuera un referente del enemigo, como si organizarse socialmente fuera un tema más propio de grupos armados ilegales de extrema izquierda”, indicó León Rodríguez, investigador del Centro de Memoria Histórica.

Además, dentro del informe también se indica que la incursión del narcotráfico afectó también la cultura campesina del territorio, porque los pobladores veían cómo el negocio de la droga era más rentable que los cultivos legales.

Este informe, que provienen principalmente de los municipios de Yacopí, La Palma, Caparrapí, Puerto Salgar, Topaipí, El Peñón y Bogotá, es el No. 7 de la serie “Origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones”.