Se cae decreto que alivia pagos a servicios públicos por la crisis del Coronavirus

La Corte Constitucional tumbó el decreto que daba subsidios a servicios públicos porque le hizo falta la firma de dos ministros.

La Corte Constitucional tumbó el decreto legislativo que dejaba en firme las medidas especiales para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en medio de la pandemia del COVID-19 en Colombia.

La razón por la que el alto tribunal tumbó este decreto es que no fue firmado por todos los ministros. Pues faltaron las firmas del ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la de la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres.

“Al proceso no llegó algún tipo de justificación que permita explicar su ausencia, incapacidad o impedimento para conocer o suscribir el entonces proyecto de decreto legislativo”, explicó el alto tribunal.

Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz / Google

El decreto 580 del 15 de abril de 2020, establecía que los mandatarios de municipios podían aplicar subsidios sobre el costo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, por la crisis provocada por Coronavirus.

El beneficio podía ser hasta por un 80 por ciento en el caso de los habitantes del estrato 1. Un 50 % para el estrato 2, mientras que para el estrato 3 hasta del 40 %.

El magistrado, Luis Guillermo Guerrero declaró inexequible el decreto porque, si bien se dictó y promulgó en desarrollo del estado de emergencia, se expidió dentro del término de vigencia y está firmado por el presidente de la República, Iván Duque.

“Dicha norma, aun cuando lleva la firma del presidente de la República, no fue suscrita por todos los ministros del despacho, como bien puede corroborarse a partir de una simple revisión de su contenido publicado en el Diario Oficial No. 51.286 del 15 de abril de 2020”, aseguró la Corte Constitucional.

Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz / Google

Los recursos para financiar estos subsidios provendrían de los entes territoriales, que tenían que asumir el costo parcial o total de la prestación del servicio. Así, explicaba el decreto, la decisión sobre los auxilios a otorgar estaba condicionada a la disponibilidad de los recursos de los entes territoriales.

El objetivo del decreto, señaló en su momento el Gobierno, era garantizar servicios públicos a toda la población y darle la mano a quienes han resultado más golpeados con la crisis provocada por la COVID-19.