Revelan contratos de cremación por COVID-19 sin cadáveres

En la investigación de Cuestión Pública y Salud con Lupa, se encontraron contratos en municipios donde ni siquiera hay pacientes con COVID-19.

Tras un análisis de 79 contratos, Cuestión Pública y Salud con Lupa hallaron a las empresas funerarias más beneficiadas con este negocio, las que más cobran por cremación de cadáver y casos en los que alcaldes firmaron contratos sin que existiera muertos por Coronavirus, donde el Tolima aparece de primero.

Según la investigación desarrollada por Iván Serrano, Ingrid Ramírez y Diana Salinas, con la colaboración de Datasketch, los municipios que más han celebrado contratos para la cremación, disposición, traslado e inhumación de cadáveres en tiempos de pandemia están en el departamento del Tolima. Entre esos están los siguientes municipios: Honda, Casabianca, Villahermosa, Ibagué, Melgar, Espinal, Flandes, Coyaima y Fresno.

De todos los nueve municipios, siete tienen suscrito contratos por COVID-19. Los dineros invertidos en estos contratos suman 165.292.780 pesos. Esto significa que dos de esos contratos son por servicios funerarios, pero no hay descrita información que los vincule a la emergencia sanitaria por el virus.

Dentro de los hallazgos, se encontraron cuatro municipios del departamento que han celebrado contratos sin contar con fallecidos por COVID-19 y son: Honda ($30 millones), Villahermosa ($3.360.000), Flandes ($9.888.000) y Fresno ($17.556.060). Villahermosa ni siquiera tiene casos de contagio.

La mayoría tiene plazos de ejecución que van por todo este año. La empresa Jardines del Renacer SAS se llevó la contratación en, al menos, cuatro casos en ese departamento. La representante legal Adriana Ospina Ocampo tiene vínculos comerciales con otras empresas funerarias, según registros en Cámara de Comercio. Entre esas: Pre Exequiales SAS, Parque Renacer del Sol SAS, Apoyo Exequial SAS, Servicios Exequiales García SAS.

Cuestión Pública

Consultada la Alcaldía de Villahermosa explicaron que: “La necesidad de celebrar un contrato para atender posibles fallecidos por Covid, es una obligación que recae directamente sobre el municipio o entidad territorial correspondiente, para los casos específicos de personas sin cobertura funeraria. Tal y como se indica en la circular 0092 de 2020 expedida por la Secretaría (sic) de Salud del Tolima”, escribió vía correo electrónico Valentina Castañeda, la secretaria de gobierno.

También hizo una salvedad: “el contrato de servicios funerarios tiene una vigencia hasta el tope del presupuesto contratado, a la fecha no se ha requerido ningún -servicio, por lo tanto sigue vigente”. La alcaldía de Honda, Flandes y Fresno también fueron consultadas, pero no se obtuvo respuesta.

Los municipios de Tolima no son los únicos que han celebrado contratos sin cadáveres. El 8 de abril, Luis Hernán Sánchez, secretario de Salud del municipio de Caldas, ubicado en el departamento de Antioquia, firmó un contrato con Pro Exequiales Tierra Santa para el manejo y disposición final de fallecidos.

El valor total del contrato fue de 6 millones de pesos para cubrir el manejo y disposición de seis cadáveres. La administración pagaría un millón de pesos por cada uno. Un mes y medio más tarde, la Alcaldía amplió por 45 días el contrato ya que, según los registros, se había ejecutado solo el 40% de los recursos hasta ese momento.

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Aunque el contrato fue suscrito de manera específica para dar tratamiento a seis cadáveres de víctimas de COVID-19, el Instituto Nacional de Salud (INS), la entidad que registra a diario los contagios y muertes por COVID-19 en Colombia, aún no reporta muertes por coronavirus en el municipio de Caldas. Solo se han registrado 17 contagios, de los cuales ocho han sido pacientes recuperados. No obstante, el contratista ya había incinerado dos cadáveres y trasladado uno más.

Ante esa inconsistencia, Cuestión Pública consultó a Luis Hernán Sánchez, secretario de Salud de Caldas. Sánchez explicó que los dos cadáveres cremados por el contratista Pro Exequiales Tierra Santa SAS fueron acogidos bajo el contrato porque, al momento de su deceso, presentaban síntomas de COVID-19. Los resultados de las pruebas resultaron negativos.

Cuando fue consultado por el traslado del cuerpo de un menor, incluido en el informe técnico, el secretario Sánchez explicó que no tenía que ver con COVID-19 o siquiera con sospechas de contagio. Se trató, según el funcionario, de brindar auxilio a una madre de escasos recursos que necesitaba ayuda para trasladar el cuerpo de su hijo. La administración de Caldas pagó 350 mil pesos por ese servicio.

El otro caso es el de la alcaldía de Altamira en el Huila. La administración se adelantó y celebró un contrato por 20 millones de pesos con la Empresa Cooperativa Funeraria (Emcoofun), pese a que no tenía casos confirmados de contagio o muerte por COVID-19. El precio unitario de la cremación por cadáver ocupa el segundo lugar en el top tres de los más costosos.

Las entidades de control no se han pronunciado hasta el momento sobre estos casos; tampoco si hay irregularidades al celebrar contratos por fallecidos por COVID-19 que aún no existen en las estadísticas del INS | Cuestión Pública