La Fiscalía adelanta las primeras pesquisas alrededor de mensajes intimidatorios que estaría recibiendo la jueza 30 de control de garantías Clara Ximena Salcedo, quien el pasado 10 de octubre ordenó la libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.
Una vez la funcionaria judicial informó sobre las agresiones en su contra, fue necesario que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional le asignaran un esquema de seguridad.
Las autoridades confirmaron que la Fiscalía, en apoyo con el grupo de delitos cibernéticos de la DIJIN de la Policía, escuchará la declaración de la funcionaria judicial este fin de semana para avanzar en las investigaciones.
#NoticiasUno| Jueza de Garantías da libertad a Uribe pero advierte que no revisó fondo de decisión de la Corte Suprema pic.twitter.com/kVYI8Put9p
— Noticias Uno (@NoticiasUno) October 11, 2020
Las amenazas y mensajes intimidantes llegaron a través de redes sociales luego de que le otorgara la libertad al exsenador en una audiencia que se adelantó en los Juzgados de Paloquemao, en Bogotá.
Tras hacerse pública esta información, el abogado de Uribe, Jaime Granados, a través de Twitter rechazó cualquier acto intimidatorio en contra de la jueza, quien cuenta con diez años de experiencia como abogada.
Rechazo enfáticamente cualquier tipo de amenaza o intimidación a la Juez 30 de garantías de Bogotá y a todas las autoridades judiciales que día a día cumplen con la valiente tarea de administrar justicia. Pido a los funcionarios competentes que les brinden protección.
— Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) October 17, 2020
El caso de Álvaro Uribe llegó de manera aleatoria a la jueza Salcedo luego de que la Corte Suprema de Justicia señalara que no tenía competencia para continuar con el proceso por fraude procesal y soborno a testigos que se le adelanta al expresidente cuando renunció al senado.
En un primer momento devolvió el caso a la Corte para que esta determinara bajo qué ley se debía juzgar al exsenador del Centro Democrático, y cuando se confirmó que sería la justicia ordinaria, ella ordenó la libertad inmediata de Uribe porque consideró que la indagatoria no es equivalente a la audiencia de imputación de cargos; una decisión que fue apoyada por la Fiscalía y la Procuraduría en la audiencia.