Así lo dio a conocer la revista Cambio, luego de una investigación que hizo sobre la propiedad a la que ahora el general retirado de la Policía, Rodolfo Palomino, le ‘sacará jugo’ y que se publica después del escándalo de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- por el inventario de los bienes incautados de narcotraficantes.
La adjudicación se dio el 17 de agosto de 2022, según la publicación, que cuestionó que al general Palomino le hayan entregado, por medio de su empresa familiar PAAR Consulting Group SAS, “el arrendamiento de cuatro fincas que conforman la hacienda La Granada”. El contrato con la SAE lo firmó él y “como deudora solidaria” quedó Ángela Cardona, “ejecutiva de Flota La Macarena y expresidenta del concejo de Chiquinquirá”, agregó la fuente.
Dicha propiedad está ubicada en Simijaca, Cundinamarca, y allí “‘Pedro Orejas’ criaba caballos de paso fino y pastoreaba ganado de carne y leche”, añadió la investigación, antes de aclarar que el exdirector de la Policía —también involucrado en caso de corrupción de carros blindados— debe responder por una cuota mensual, por el arrendamiento de la hacienda.
La misma información fue confirmada por el exdirector de la entidad a revista Semana, Andrés Ávila, a quien algunos sectores están señalando de haber realizado el procedimiento al finalizar la anterior administración. Ávila dijo al semanario que se trata de “un solo predio. No son cuatro. Son cuatro folios de matrícula. Ese predio estuvo publicado en la página de la SAE para arrendamiento y tengo entendido que llegó una oferta de la empresa PAAR Consulting Group S. A. S. por 4 años”.
“Esa empresa es representada por el general Palomino. No existe ninguna prohibición legal para negar una oferta de esas características. Fue la única oferta que llegó. Eso se puede comprobar con la nueva administración. Entiendo que el contrato se firmó en agosto, pero la entrega la hizo este Gobierno y firmó un otrosí al contrato para entregarlo al arrendatario”, aseguró Ávila, quien fue director de la SAE durante el gobierno de Iván Duque.
Aunque efectivamente el procedimiento parece haberse desarrollado dentro de la ley, la polémica se centra en la figura controvertida del uniformado, quien fue destituido e inhabilitado por 13 años por la Procuraduría por haber influido en un subalterno para que este cambiara una declaración.
