Gobierno asegura que ya pidió perdón y por eso no lo hizo en el plazo establecido de la Corte Suprema

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el Gobierno pidió perdón en un acto “espontáneo y sincero” el pasado 11 de septiembre.

El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no pidió perdón dentro de las 48 horas que le dio la Corte Suprema de Justicia, una vez le ordenó disculparse por los excesos de la Policía en las manifestaciones desde el 21 de noviembre del año pasado.

Trujillo indicó que el 11 de septiembre del 2020, “en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido” la misma Policía Nacional “pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la Institución”.

“Esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la Ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la Institución, con lo cual se garantiza el respeto al debido proceso que asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública”, explicó.

Finalmente, reveló que actualmente las autoridades penales y disciplinarias están adelantando las respectivas investigaciones para determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los integrantes de la Fuerza Pública que pudieron incurrir en un exceso de la fuerza.

“El Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa han prestado y seguirán prestando todo su apoyo a estas autoridades y están atentos a los resultados de las investigaciones que se encuentran en curso”, aclaró.

En uno de los apartes del fallo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema le ordenó al Ministerio de Defensa ofrecer perdón o pedir disculpas por los abusos policiales que se cometieron en las protestas de noviembre de 2019.

Igualmente, se le pide al Gobierno para que se impulse una nueva reglamentación de la protesta social en Colombia. Tras conocerse el fallo, se señaló que en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca establecer un nuevo protocolo para controlar las manifestaciones y evitar que se presenten hechos de violencia.