Fiscalía pidió la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

El abogado Jaime Granados expuso también que la medida de aseguramiento no fue dictada bajo el acusatorio, por el cual se rige el proceso de Uribe.

Desde la 9:00 de la mañana de este jueves se reanudó la audiencia ante la Jueza 30 de Garantías de Bogotá en la que se definirá si el expresidente Álvaro Uribe Vélez queda en libertad, en el marco del caso por soborno y manipulación de testigos, por el cual es investigado.

La defensa de Uribe Vélez, el abogado Jaime Granados expuso la solicitud de libertad para su cliente. Según el defensor, luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que el sistema por el cual debía ser juzgado es el acusatorio y no el inquisitorio, la medida de privación de la libertad no debería mantenerse.

Cuando la Corte ordenó la medida de privación de la libertad de Uribe lo hizo bajo la Ley 600, por la cual se rige el sistema inquisitorio. Sin embargo, tras una consulta de la Jueza de 30 de Garantías de Bogotá ante el mismo tribunal, la Corte Suprema determinó que el proceso debía continuar bajo la Ley 906 de 2004, sistema acusatorio.

Por lo que Granados puso a consideración de la jueza que, dada las circunstancias y el traslado del caso a la Ley 906, la medida de aseguramiento perdería eficacia y por tanto “debe ordenarse la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez”.

“Lo que queremos que se resuelva es cuál es el impacto de este tránsito a fines de ver en qué situación jurídica se encuentra (Uribe Vélez). […] No se pretende discutir el acierto o no de la medida impuesta el pasado 3 de agosto por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tampoco discutir si esa Sala podía hacer lo que hizo. Lo que sí queremos es que el debate se circunscriba a la nueva circunstancia de pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. […] Teniendo en cuenta el nuevo diseño constitucional esa privación de la libertad se torna contraria a esa ley”, expuso la defensa del expresidente.

CP

En esta misma audiencia también se pondrá a consideración de la jueza 30 de Garantías de Bogotá en qué etapa procesal debe seguir el caso por el cual se investiga a Uribe. Lo anterior teniendo en cuenta que la Corte Suprema perdió la competencia del caso, tras la renuncia del exsenador a su curul, y es ahora la Fiscalía quien lleva la indagación.

De igual forma, la Fiscalía General le solicitó a la jueza 30 de control de garantías que deje en libertad inmediata al exsenador Álvaro Uribe Vélez. El delegado de la Fiscalía aseguró que de continuar privado de la libertad se le estaría vulnerando el debido proceso al exmandatario, teniendo en cuenta que no existe una imputación de cargos bajo el Sistema Penal Acusatorio (Ley 906).

“La Fiscalía General estima propugnar por el derecho del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez y así expresamente con respeto éste lo solicita a este despacho judicial de en función de control de garantías”, aseguró el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán.

Igualmente indicó la postura que adopta la Fiscalía General no es política sino jurídica y se basa en garantizar los derechos de todos los ciudadanos, en este caso los del exsenador.

“El debido proceso, el derecho penal democrático heredero del iluminismo y anhelado por las filosofías más progresistas de estas latitudes debe extenderse a todos los ciudadanos incluso a los contradictores y adversarios, pues de lo contrario se estaría practicando un derecho penal del enemigo, los postulados teóricos reclaman coherencia en la praxis […]”, indicó.

Fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán / Google

“La Fiscalía General de la Nación haciendo uso del principio de objetividad que reclama la vigencia exclusiva del imperio de la ley arribado a la certera conclusión de qué continuar con la actuación procesal en el mismo estanco en el que se recibe, se estaría vulnerando el debido proceso penal como principio rector, como garantía fundamental debemos señalar que no queda camino procesal distinto a desestimar la vinculación jurídica al proceso o dejarla sin efectos”, precisó Jaimes.

En medio de su exposición hizo referencia al caso del comandante de las disidencias de las Farc, Seuxis Paucias Hernández Solarte conocido como ‘Jesús Santrich’, proceso que pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General cuando se encontraba en una etapa procesal avanzada.

Dijo que en esa época, el alto tribunal había resuelto la situación jurídica del excomandante guerrillero. Argumentó también que una persona no puede estar privada de la libertad sin que se le hayan imputado cargos.

“No es lo mismo y no se puede decir que es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos”, precisó el fiscal Jaimes Durán tras señalar que en el primero apenas se está investigando y en el segundo ya hay todo un trabajo investigativo que ha permitido llegar a conclusiones sobre la presunta responsabilidad del procesado.

También cuestionó la indagatoria realizada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre de 2019 en la que determinó que existen omisiones que afectan el derecho a la defensa. Advirtió además que no se garantizó el derecho a la defensa del expresidente Uribe.

En este sentido, se espera la jueza determine si el caso comienza desde cero en la Fiscalía o continúa en la misma etapa procesal en que lo dejó el alto tribunal.