Corte Suprema definirá el futuro del caso Uribe por falsos testigos

La decisión la tendrá que tomar la sala plena luego de que la juez 30 de garantías remitiera la competencia de pronunciarse.

Este martes, el juez 30 del circuito de Bogotá decidió enviar a la Corte Suprema de Justicia, puntualmente la Sala Plena, la competencia para decidir bajo qué ley se investigará al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Podrá ser bajo la ley 600 por la cual estaba haciendo investigado en el alto tribunal por presunta manipulación de testigos hasta que renunció, o bajo la ley 906 que es del sistema penal acusatorio.

La parte civil en la que está el senador Iván Cepeda pedía que el proceso continuara como venía en la Corte, mientras que el fiscal Gabriel Jaimes, la defensa de Uribe y la Procuraduría, creían que este debía continuarse por el sistema penal acusatorio.

La juez evalúo si, tras no tener el fuero constitucional, Uribe tenía que seguir su proceso en el régimen procesal con el que inició en la corte o si se tenía que aplicar la regla general, es decir la ley 906 por ser el que aplica para la fecha de los hechos supuestamente cometidos por el expresidente.

Álvaro Uribe en indagatoria el pasado octubre de 2019 / Google

La tesis es que cualquier delito cometido con posterioridad al 1 de enero de 2005, que es cuando entró en vigor el sistema penal acusatorio, debe ser tramitado por la ley 906 de 2004, excepto los casos de aforados constitucionales.

Para la juez, los hechos por los que es investigado Uribe sucedieron en el 2018 por lo cual el proceso se tiene que llevar por la ley 906, o sea sistema penal acusatorio.

Considera que si tiene la competencia para decidir la solicitud sobre la libertad del expresidente Uribe, pero envió el caso a manos de la sala plena de la Corte, compuesta por 23 magistrados, para que estudie esta postura | Blu Radio

Lo que está en juego

Pero la definición de la ley que cobijará al caso de Uribe no solo es crucial para determinar quién es el que debe definir si queda o no libre. También tiene implicaciones muy importantes sobre el proceso.

Esto porque si el caso cambia a la ley 906, varios juristas han dicho que eso llevaría a que se caigan todas las decisiones que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia alcanzó a tomar en el caso, por ejemplo, el llamado de Uribe a indagatoria del año pasado y su imputación de cargos en la que se resolvió su situación jurídica y se ordenó su casa por cárcel.

Según esos juristas, entonces, en la ley 906 el proceso debería continuar desde ceros, es decir, la Fiscalía debería empezar de nuevo una investigación y recolección de evidencias y testimonios para definir si le imputa o no cargos al expresidente.

Google

En cambio, si el proceso sigue por ley 600, se podría entender que todo lo que alcanzó a hacer la Sala de Instrucción sigue en firme y que ahora el caso podría avanzar para definir si el expresidente es llamado o no a juicio, que era la etapa en la que iba en el alto tribunal.

Incluso, en este caso el abogado de Cepeda, Reynaldo Villalba, planteó que si el proceso sigue por ley 600, el juicio no lo llevaría un juzgado ordinario, sino que tendría que desarrollarse ante la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, todo dependerá de lo que definan los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, conformada por las salas penal, civil y laboral del alto tribunal.