Congresistas de EE.UU piden a Trump presionar a Duque para proteger líderes sociales

Los congresistas estadounidenses enviaron una dura carta al gobierno de Donald Trump para que que presiona al gobierno de Colombia y proteja a los defensores de derechos humanos del país.

En una carta enviada a la administración del presidente Donald Trump, 94 congresistas de Estados Unidos expresaron su preocupación por el impacto sobre la seguridad de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.

En la misiva, dirigida al secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, los legisladores estadounidenses manifiestan su preocupación por la grave situación de los líderes sociales en Colombia, agudizada por las cuarentenas decretadas para enfrentar la crisis del Coronavirus.

Según los congresistas, en la medida en que la pandemia expone y acentúa los problemas que existen en cada uno de los países que arrasa, les preocupa en especial el impacto que la pandemia está teniendo en la seguridad de los líderes en Colombia.

“Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19”, dice la carta enviada al secretario de Estado, Mike Pompeo.

La carta, promovida por los congresistas demócratas James P. McGovern y Mark Pocan, también resaltaron que desde la firma de los Acuerdos de Paz con las Farc en 2016, han sido asesinados más de 400 líderes y defensores de derechos humanos. Los congresistas afirman que el gobierno colombiano “fracasó” en “llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto”.

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU / Google

De igual manera, los congresistas explican que “actualmente, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos” debido a su “persistente incapacidad (del gobierno colombiano) para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control”, agrega la misiva.

La agudización de los niveles de inseguridad para los líderes sociales, según los congresistas, corresponde a que “los grupos armados ilegales aprovechan la pandemia al tiempo que el Gobierno no responde, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y los líderes locales que son objeto de persecución”.

Los legisladores le pidieron a la administración del presidente Trump que inste a la administración Duque a que mejore la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra.

Para poner un ejemplo, lo congresistas pusieron citaron el caso de Marco Rivadeneira, uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena en Colombia. Rivadaneira hace parte de la triste lista de 157 líderes y defensores sociales asesinados en los que va de 2020, de acuerdo con registros de la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Marco Rivadeneira, líder social asesinado / El Espectador

Para ello, en la carta, los legisladores norteamericanos pidieron que se inste a la administración de Iván Duque a que cumpla con las siguientes condiciones:

– Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones”.

– Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.

– Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

– Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.

– De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.

– Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.

– Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Al final de la comunicación, los congresistas estadounidenses piden a Pompeo a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen “con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos” y a que “continúe brindando la valiosa cooperación a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19″.