CIDH condena al Estado por destitución de Petro, y le pide poner la casa en orden

El Estado colombiano deberá cambiar la normatividad interna para no permitir que se vuelvan a destituir funcionarios elegidos por voto popular.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló este martes a favor del senador Gustavo Petro por la destitución que le hizo la Procuraduría General de la Nación cuando era Alcalde Mayor de Bogotá.

En ese sentido, el tribunal Internacional declaró que el Estado colombiano es responsable de las violaciones de los derechos políticos de Petro cuando se destituyó de su cargo el 9 de diciembre de 2013.

“La Corte ya concluyó anteriormente que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por ‘condena, por juez competente, en proceso penal’, es contraria a la Convención (Pacto de San José) y al objeto y fin de la Convención. Por las mismas razones, la Corte concluye que el Estado (Colombia) incumplió con sus obligaciones previstas en la Convención, por la existencia y aplicación de las normas del Código Disciplinario que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios públicos democráticamente electos, como fue el caso del señor Petro”, reza la sentencia de la CIDH.

Asimismo, el tribunal internacional concluyó que, en la práctica, la Contraloría también podía limitar el ejercicio de los derechos políticos. “Aun cuando las facultades de la Contraloría no contemplan la atribución directa para destituir o inhabilitar funcionarios públicos de elección popular, las sanciones pecuniarias que pueden imponer, cuando resultan en la obligación de realizar el pago de una deuda fiscal de alta cuantía, como sucedió en el caso del señor Petro, pueden tener el efecto práctico de inhabilitarlo en virtud de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único y de la prohibición a los funcionarios de dar posesión a quienes aparezcan en el boletín de responsables fiscales”, añade la sentencia.

El caso de Petro se remonta a cuando la Procuraduría lo destituyó en 2013 y, aunque el entonces alcalde acudió a un sinnúmero de recursos, no fue sino hasta mediados de 2014 que pudo regresar al cargo, luego de que una acción de tutela se fallara a su favor y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) profiriera medidas cautelares en su favor.

El Consejo de Estado anuló la sanción que le impuso el exprocurador Alejandro Ordoñez, pero para entonces ya lo había sancionado por otros tres grandes contratos en los que encontró supuestas irregularidades. En 2017 la CIDH le recomendó a Colombia cambiar la normatividad interna para ajustarla a la Convención Interamericana, pero el Estado hizo caso omiso.

En la sentencia, además, la Corte IDH dijo que Petro no tuvo garantías judiciales cuando fue sancionado por el exprocurador Ordoñez, pues fue la Sala Disciplinaria de la Procuraduría la instancia que le formuló los cargos y luego lo sancionó. Es decir, cumplió las funciones de acusarlo y luego de sancionarlo.

“El diseño particular del proceso seguido contra Petro evidencia una falta de imparcialidad desde el punto de vista objetivo pues resulta lógico que, al haber formulado los cargos contra el señor Petro, la Sala Disciplinaria tenía una idea preconcebida sobre su responsabilidad disciplinaria”, dijo el tribunal internacional.