Caso de Álvaro Uribe queda en la Fiscalía y una jueza definirá si lo deja libre

La Corte Suprema dijo que el proceso se debe llevar por la ley 906 (Sistema penal acusatorio). Jueza debe definir en qué etapa queda.

La Corte Suprema de Justicia señaló que la investigación al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación a testigos debe ser adelantada en la Fiscalía General bajo el nuevo sistema penal acusatorio (ley 906).

Así, el alto tribunal resolvió un conflicto de competencias que había sido elevado por el abogado del senador Iván Cepeda, parte civil en este caso, quien consideraba que la ley que debía regir el proceso contra Uribe es la misma con la que venía en la Corte Suprema de Justicia, antes de que el expediente se le pasara a la Fiscalía: la ley 600 del 2000, o viejo sistema.

Con esta determinación, quedó en los jueces de control de garantías el trámite de la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que fue presentada por la defensa del expresidente y exsenador. La Corte explicó que en general, la decisión de mantener lo actuado por la Corte dentro de ese proceso, corresponde decidirlo a los jueces.

La decisión de este lunes se dio con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, quien estableció que la juez sí tenía competencia para decidir la libertad sobre Uribe porque el proceso se debe llevar por la ley 906. Así, la decisión del alto tribunal se dio en el sentido de lo que consideraban la defensa de Uribe, la Fiscalía General y la misma juez, quienes dijeron que el sistema acusatorio es el que debía regir el caso.

El expresidente se encuentra pagando detención domiciliaria en el Uberrimo / Google

Pero además, la Sala Plena de la Corte no se pronunció sobre cuál es la etapa procesal en la que queda este caso. Para muchos juristas, el hecho de que siga por la ley 906 implica que debe comenzar desde ceros, lo que llevaría a que se caiga todo lo que había actuado en este caso la Sala de Instrucción. Para otros, en cambio, aún en la ley 906 se puede dejar en firme lo ya hecho por la Corte, para que la Fiscalía decida ahora si acusa a Uribe y lo llama a juicio.

Uribe es investigado por soborno a testigos y fraude procesal, delitos supuestamente cometidos en el 2018 para que paramilitares declararan a su favor y se retractaran de afirmaciones en las que lo han señalado con las Autodefensas.

El exmandatario que es investigado por presunta manipulación a testigos permanece bajo medida de aseguramiento de detención domiciliaria. El caso que se adelantó en la Sala de Instrucción de la Corte bajo el viejo sistema penal (ley 600) fue remitido a la Fiscalía General tras la renuncia de Uribe Vélez al Senado y por la pérdida de la competencia del alto tribunal.