Capturaron excomandante de Operaciones Especiales de Policía de Bogotá por ladrón

La Fiscalía capturó a un mayor que fungió como comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Se trata de Andrés Alberto Salazar Barrero, quien es señalado por la Fiscalía General de la Nación del robo a un comerciante de San Andresito, en Bogotá, víctima de un secuestro en el que participaron miembros de la Policía. El hurto habría sido por más de 800 millones de pesos.

La historia inició el 19 de enero de este año cuando el comerciante denunció en la Fiscalía que había sido secuestrado y hurtado por uniformados de la Policía quienes lo llevaron a bordo de un vehículo y después de un recorrido de 3 horas le habrían quitado el dinero.

A partir de ese momento, la Fiscalía inició una exitosa investigación que en menos de tres meses logró individualizar a los presuntos responsables: el mayor (r) Andrés Alberto Salazar Barrero, quien para el momento de los hechos era el comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá y los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, quienes hacían parte del esquema de seguridad del excontralor Juan Carlos Granados.

Según reveló el ente acusador en la audiencia de imputación de cargos contra los uniformados, los policías abordaron al comerciante que en ese momento se encontraba en San Andresito de San José con una acompañante, y le preguntaron qué llevaba dentro del maletín que cargaba.

Cuando los uniformados se enteraron que se trataba de una alta suma de dinero, lo primero que habrían hecho fue decirle al comerciante que este dinero provenía de narcotráfico y era ilegal; sin embargo la víctima insistió que era de procedencia legal y de su trabajo en este sector.

Sin embargo, los uniformados obligarían al comerciante a dirigirse a un restaurante, a donde llegó otra persona, que se identificó como capitán de la Policía, quien le dijo que lo llevarían detenido a la SIJÍN. Pero el comerciante insistió en que el dinero era para pagar una hipoteca.

El tercer momento es cuando, después de tomar dos taxis distintos, llegan a una estación de gasolina ubicada en la avenida El Dorado con avenida Rojas. Ahí, llega una lujosa camioneta que queda grabada en las cámaras de seguridad y de la cual desciende el mayor (r) Andrés Alberto Salazar Barrero, quien fungía para el momento de los hechos como comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía.

“El capitán le dice que lo van a llevar, hace parar un taxi, el comerciante se monta en el taxi y continúa el camino y en una avenida paran el taxi, llegan a una panadería y lo hacen montar en otro taxi y se va con otro policía. Llegan a una bomba y ahí llega el mayor y le dice que él pertenece a narcotráfico y que ese dinero que él tenía es de narcotráfico, el comerciante le dice que no, entonces lo hacen montar en una camioneta con el mayor, conducida por el capitán, se van en la camioneta”, narró la fiscal del caso.

Y sigue el relato: “El comerciante dice que quiere llamar al dueño del dinero, pero lo hacen bajar del carro y cuando va a bajar el maletín donde lleva el dinero le dicen que no puede, por lo que se baja, el carro se va con el maletín y dejan botado al comerciante”.

Según el relato de la fiscal del caso, María Teresa Polanía, se dan cuenta de la identidad del mayor porque al averiguar por el propietario del vehículo, del cual queda grabada la placa en la cámara de seguridad, llegan al nombre de la esposa del mayor, es decir, la camioneta era de propiedad de su cónyuge: Paola Andrea Suárez Galvis.

Posteriormente, cuando la Policía les indica a los investigadores que la mujer aparecía en la base de datos de la entidad como cónyuge del mayor, el ente investigador le pide al comerciante que haga un reconocimiento facial del uniformado y lo reconoce de inmediato.

Con estos seguimientos, la Fiscalía trata de demostrarle al juez de garantías de Bogotá que la denuncia y la narración de los hechos que realizó el comerciante es congruente y coincide con los puntos clave del recorrido de más de tres horas en el que estuvo acompañado, todo el tiempo, por los uniformados.

Para la fiscal del caso, el mayor Salazar y los patrulleros Castillo y Quintero serían responsables de los delitos de concierto para delinquir, secuestro y hurto calificado. La Fiscalía insistió en que los delitos que se les imputa en la audiencia son aún más reprochables por la calidad de funcionarios de la Policía Nacional.